Operaban en la zona sur del conurbano bonaerense. Vendían las obleas sin verificar los automóviles. Hay 18 detenidos y más de 300 mil pesos secuestrados.

Una banda que ofrecía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en forma paralela fue desbaratada en las últimas horas por la Policía de la provincia de Buenos Aires luego de múltiples allanamientos en los que 18 personas quedaron detenidas.

La llamada “mafia de la VTV paralela” está acusada de vender obleas truchas sin inspeccionar los autos e incluso pasar los controles en las plantas con la aprobación asegurada sin importar las condiciones de los vehículos.

La organización cayó en desgracia a partir de una investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que comenzó a fines del año pasado y fue llevada a cabo por efectivos de la Departamental Almirante Brown con ayuda de otras reparticiones.

El operativo concluyó con casi veinte allanamientos en el Conurbano y dos en la Capital Federal. Además de los 18 detenidos, se secuestraron 280 mil pesos en efectivo, agendas de clientes de VTV con anotaciones varias y números telefónicos, celulares, formularios de VTV, sellos y obleas en blanco, entre otros elementos como un arma de fuego y diversos equipos informáticos.

La pesquisa se inició luego de que en varios perfiles de Facebook, algunos apócrifos y otros legales, ofrecieran la posibilidad de realizar la verificación técnica vehicular con o sin presentación en planta, con la aprobación de la misma, sea cual fuera el problema que presenten los vehículos.

Otro modus operandi de un grupo conexo a esta banda era enviar directamente los rodados a las plantas donde ingresaban con o sin turnos y aprobaban la revisión a cambio de una suma de dinero, sin importar las condiciones del auto.

“Pedían entre 2000 y 2500 pesos por cada vehículo y muchas se arreglaban por Whatsapp”, dijo uno de los investigadores, quien explicó que “esta organización estaba compuesta por tres sectores que tenían un mismo nexo y estaban involucrados una gestoría, un estudio de abogados y hasta empleados de la planta verificadora de Lavallol, quienes eran los encargados de brindar los formularios y las obleas en blanco”.

Intervienen en esta causa, caratulada como “Asociación ilícita, falsificación de documentación propiedad automotor para la circulación, cohecho activo, cohecho pasivo y lavado de activo”, el Juzgado de Garantías N° 3 y la U.F.I N° 8 Especializada en Delitos Económicos y Violencia Institucional.

Fuente: Infobae